En un contexto de creciente autoritarismo y restricción del espacio cívico, organizaciones latinoamericanas se reunieron en Santiago para trazar estrategias de monitoreo e implementación de las recomendaciones de la Revisión Periódica Universal de la ONU.

Los días 16 y 17 de octubre de 2025, Santiago de Chile acogió la reunión del Colectivo EPU América del Sur, una coalición regional de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a supervisar la implementación de las recomendaciones de la Revisión Periódica Universal (RPU o EPU, en español) de la ONU.

El evento tuvo como objetivo intercambiar experiencias, articular estrategias y reafirmar el papel de la sociedad civil organizada como agente fundamental en el seguimiento de las recomendaciones internacionales, en un contexto regional marcado por retrocesos en materia de derechos humanos, un creciente autoritarismo y ataques a las instituciones democráticas.

Panorama y tensiones

América Latina vive un momento de tensiones políticas y sociales que desafían directamente la protección de los derechos humanos. La crisis democrática, marcada por el debilitamiento de las instituciones y la desconfianza generalizada en las estructuras de representación, amenaza logros históricos.

El espacio cívico, antes considerado relativamente libre, también se está reduciendo rápidamente. La represión política, las detenciones arbitrarias y el aumento de las violaciones contra defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas muestran cómo la participación social se ha convertido en blanco de ataques sistemáticos. Paralelamente, los líderes populistas y los discursos autoritarios debilitan la confianza en las instituciones y promueven el descrédito de la prensa, el poder judicial y otros pilares democráticos.

El encuentro y sus promesas

Es en este contexto que el Colectivo EPU América del Sur se consolida como un espacio de articulación regional en defensa de los derechos humanos. Durante el encuentro en Santiago, las organizaciones participantes compartieron buenas prácticas, fortalecieron las alianzas con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y delinearon estrategias para fortalecer los SIMOREs/NMIRFs, mecanismos responsables de garantizar la implementación efectiva de estas recomendaciones.

Una de las medidas más relevantes fue la decisión de ampliar la actuación a toda la región, con la transición al Colectivo EPU América Latina. Esta expansión refleja una convicción común: es necesario fortalecer cada vez más la actuación de la sociedad civil para acompañar, monitorear y exigir a los Estados el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente a través de colectivos nacionales.

Desafíos para la implementación

El camino hacia la efectividad de estas recomendaciones pasa por desafíos estructurales que atraviesan la región:

Voluntad política e institucional: incluso con compromisos internacionales, la implementación depende de decisiones internas, de la asignación de recursos y de la acción estatal. En muchos casos, los mecanismos siguen siendo infrautilizados o con poca visibilidad.

Capacidad de la sociedad civil y las instituciones nacionales: las organizaciones y organismos de derechos humanos se enfrentan a limitaciones presupuestarias, de recursos humanos y de autonomía para llevar a cabo el seguimiento. Es necesario reforzar los aspectos técnicos, estratégicos y también la financiación.

Espacio cívico y pluralidad: la implementación de las recomendaciones exige un entorno en el que la sociedad civil pueda actuar libremente, negociar con el poder público, cuestionar y exigir rendición de cuentas. La erosión de este espacio corroe la base misma de la eficacia.

Interdependencia entre derechos, democracia e instituciones: el avance de los derechos humanos no es un camino de un solo sentido. Una democracia fuerte, instituciones independientes y una participación social activa son condiciones que se refuerzan mutuamente. El deterioro de cualquiera de ellas afecta al conjunto.

Por qué es importante

Cuando las recomendaciones del EPR pasan del papel a la práctica y se convierten en políticas concretas, se obtienen beneficios reales: se pueden prevenir las violaciones, las personas que han sufrido violencia tienen acceso a la justicia, las políticas públicas se vuelven más inclusivas y se fortalece la transparencia institucional.

Para ello, los próximos pasos exigen más que compromisos, exigen cooperación regional, planificación estratégica y voluntad política. Es necesario profundizar las alianzas entre la sociedad civil, las instituciones nacionales y los organismos internacionales, crear mecanismos de seguimiento claros y establecer metas verificables.

El fortalecimiento de la RPU América Latina es un recordatorio de que, incluso ante los retrocesos, la fuerza de la sociedad civil organizada sigue siendo el motor de la democracia y la principal garantía de que los derechos humanos no se conviertan en promesas vacías.